Conflictos ambientales y reforma ambiental en Chile: una oportunidad desaprovechada de aprendizaje institucional sobre participación ciudadana

Abstract

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Bases del Medio Ambiente en 1994, fue evidente que los mecanismos de evaluación de proyectos contemplados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) serían insuficientes para canalizar la creciente conflictividad socioambiental y la consiguiente demanda por participación en las decisiones ambientales. La nueva institucionalidad ambiental de Chile –aprobada al final del gobierno de Michelle Bachelet y que entró en vigencia a en junio de 2010– representó un avance sustantivo al elevar la jerarquía de los temas ambientales, profundizar las atribuciones de la entidad responsable de las políticas y normas, unificar y fortalecer los procedimientos de fiscalización y sanción, perfeccionar las exigencias técnicas en materia de evaluación ambiental e introducir una visión sinérgica de los impactos de las políticas y planes públicos. No obstante ni los vacíos en participación ciudadana ni los riesgos de intervención política del SEIA fueron resueltos por el nuevo diseño institucional, perpetuando así la crisis de legitimidad de las decisiones ambientales. En relación con la democratización de las decisiones que involucran riesgos ambientales, tres son los principales desafíos que permanecen pendientes: ampliar y elevar la jerarquía decisional de las instancias de participación; mejorar la transparencia de las decisiones ambientales; y lograr mayor autonomía de las decisiones ambientales respecto a los intereses de los inversionistas.